La Tutela: Garantía Laboral En Covid 19

La Tutela: Como Garantía Laboral durante el Covid 19

La Tutela: Garantía Laboral En Covid 19, en este articulo abordará la tutela como protección constitucional del derecho al trabajo en tiempos de Covid 19.

Según la ley 640 de enero 5 de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones” en materia de la conciliación extrajudicial en asuntos laborales, artículo 28:

La conciliación extrajudicial, podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios.

A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.

La ley 640 de 2001, marca un requisito previo a la exigencia judicial como  lo es la conciliación, exigencia que en tiempos de emergencia por el COVID 19, tiempos en los que las dependencias establecidas en el artículo 28, estarán cerradas al público creando espacios en la nube con las respectivas páginas de internet que requieren que los usuarios cuenten con los medios técnicos para acceder a ellos, computador y afiliación a una entidad prestadora del servicio de internet, que como hemos visto la mayoría de la población no cuenta y menos la población que se mueve en entradas salariales entre 1 y 2 salarios mínimos, y que muchos no saben leer ni escribir, más el desconocimiento de la existencia de estos centros, cuando escasamente acuden a los consultorios jurídicos de las Universidades, por falta de conocimiento y de recursos.

La Tutela como protección Constitucional

Ahora con la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19, fenómeno biológico social que es ajeno a la voluntad del trabajador y del empleador se quiebra el equilibrio contractual, para los dos empleador y trabajador, requiriendo de una intervención nacional inmediata para mantener el equilibrio económico y no cesar la producción, ni los contratos, porque nadie está obligado a lo imposible y el músculo financiero de algunas empresas, si no la mayoría se romperá.

Del panorama en referencia los empleadores han tomado medidas que el gobierno dice que no pueden tomar como despidos masivos, licencias de carácter no remunerado, declaración de vacaciones sin pago o de rebajas salariales que ponen al trabajador en estado de indefensión para mantenerse y mantener a su familias, y si sumamos que el ministerio de trabajo afirma que el COVID-19 no se puede tener como un fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito, como si las condiciones anormales vinieran por decreto.

Se advierte entonces una situación de desamparo al trabajador, razón por la cual el único camino para hacerse escuchar es la tutela, como garantía constitucional al derecho al trabajo, obviando por razones de emergencia el uso de otras actuaciones previas a la tutela, marcado por la inmediatez del riesgo ante el desamparo y la falta de garantías para mantener una vida digna como trabajador,  y atendiendo que ni siquiera puede ser cobijado por los auxilios económicos de desempleo consagrado en la Ley 1636 de 2013, porque la cantidad de personas que han quedado desempleados es tan grande que los recursos que garantizaban dicho auxilio resultaron mínimos para tanta demanda de solicitudes.

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