viabilidad de reducción de salarioo

Reducción salarial en época de emergencia sanitaria en Colombia

En este artículo abordaremos el siguiente interrogante ¿es viable la Reducción salarial en época de emergencia sanitaria en Colombia?

En medio de crisis sanitaria mundial, el empresariado colombiano en desarrollo limitado de su actividad económica y la reducción inminente de las utilidades, de manera justificada o injustificada ha acudido a figuras que le permitan reducir los salarios de sus trabajadores so pretexto de la estabilidad y permanencia de su empresa, quedando en el marco jurídico una especie de contraposición entre los derechos económicos que lleva consigo la estructura societaria y los derechos laborales que tienden a proteger los empleados y que llevan consigo derechos fundamentales donde nos preguntamos.

¿Es viable reducir los salarios en época de emergencia sanitaria?  

Previo a abordar el tema relación, es menester resaltar que en el contrato laboral existen tres elementos esenciales establecidos en el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo que son la prestación personal del servicio, subordinación sujeta al cumplimiento de órdenes, de actividades y de reglamentos internos de trabajo y una retribución o remuneración del servicio.

Para afrontar la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en Colombia como primer precedente histórico, el Ministerio de Trabajo mediante circular 0021 de 2020 dio ciertas recomendaciones para proteger el empleo e indico a lo largo del artículo 5 y 5.1 que: “todas las medidas anunciadas en la presente circular, no exoneran al empleador de cumplir con sus obligaciones, en particular, el pago de salario”, y que aún sin la prestación del servicio tendrá derecho a percibirlo, sin entrar a reconocer las cuestiones relativas de aumento o disminución de salario.

No obstante, el Código Sustantivo de Trabajo prevé en su artículo 50 que los contratos de trabajo se podrán revisar cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica transmitida en las utilidades, siendo su artículo 132 el que faculta al empleador y el trabajador con respeto al salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales para convenir el salario en sus diversas modalidades, con limitantes producto de la relación contractual y de las regulaciones laborales que protegen al trabajador.

Siendo la reducción del salario viable solo cuando existe un acuerdo que medie la voluntad de las partes, respondiendo al criterio de razonabilidad y proporcionalidad, que para el caso en que el trabajador devengue más de un salario mínimo legal se puede dar con variables como la reducción de la jornada o la reducción de las cargas laborales, sin desconocer los mínimos de Ley como el pago de prestaciones sociales y de la seguridad social.

Respecto a los empleados que devengan un salario mínimo legal, su ajuste solo será posible cuando se reduzca la jornada horaria, donde se puede optar con un parámetro base de estudio el artículo 161 del mismo Código, que establece una duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas a la semana, considerando excepciones en cuanto a la edad, turnos sucesivos y de algunas actividades o servicios, sin desconocer como se dijo anteriormente los mínimos de Ley.

Entonces tenemos que para reducirlo, el primer criterio al que debemos atender es el de razonabilidad y proporcionalidad, que define la Corte Constitucional en Sentencia C-022/96 su aplicación conceptual en la razonabilidad cuando se concreta en el de proporcionalidad y “el concepto de proporcionalidad (…) como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro.”

Cumplido esto, se deberá acudir al segundo criterio que se materializa en la voluntad del empleador y trabajador de reducir, que para el caso de llegar a un acuerdo se procederá a realizar la respectiva liquidación de las prestaciones sociales, de los aportes a seguridad social y parafiscales conforme a la normatividad vigente, reajustándolos de manera posterior conforme al nuevo salario.  

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Bibliografía.

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